Ponencia presentada en el XV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, FCA-UNAM/ANFECA. México, octubre de 2010.
Mario Humberto Hernández López y Delia Rocío Martínez Montesinos
La necesidad de cambio, por obvia que sea, siempre es nega-da, no sólo por aquellos cuyos intereses podrían verse perju-dicados, sino también por aquellos que se gobiernan por el principio de que nada debería hacerse por primera vez. Estos últimos, quizá, son los más numerosos.
Antony Barnett, La especie humana
Desde la primera revolución industrial, ha sido continua la vinculación del conocimiento científico y tecnológico con la vida económica. Lejos de ser un factor más, la dinámica del capitalismo incorpora progresivamente el constante incremento de las capacidades tecnoló-gicas, a fin de aumentar la productividad, reducir costos y producir nuevos bienes y servi-cios; las innovaciones han sido una palanca en el despliegue de las diferentes etapas del capitalismo. El avance logrado en términos de convergencia con respecto a la brecha de los países avanzados y los tardíos, se define por medio de su capacidad para competir por la obtención de rentas en el marco de una economía globalizada e incrementar su crecimiento macroeconómico. Actualmente, como reconocen diferentes autores [Castells, 2000; Pérez, 2004; Dabat; 2002] el mundo se halla en medio de un paradigma tecnológico derivado de la oleada que se asocia al microprocesador y sus implicaciones en la informática y las teleco-municaciones, lo que permite definir a nuestra época como de un capitalismo informático-global [Rivera, 2005 y 2009]. Con base en ello, los países compiten por las rentas a partir de sus capacidades tecnológicas para la obtención de rentas [Dabat, Rivera y Sztulwark, 2007], en un espacio definido por el entramado de redes productivas, comerciales y finan-cieras globales, tendidas por la deslocalización de las plantas que permite la estructura transnacionalizada, así como el incremento de los flujos de inversión productiva y de carte-ra iniciados en los 1970s.
En la lógica básica del paradigma de la industrialización tardía [Gerschenkron, 1970; Hi-kino y Amsden 1995], los países pueden superar su situación ―típica de atraso‖ por medio de ―saltos‖ a partir de la adaptación al paradigma tecnológico de vanguardia; por lo que parecería lógico aceptar que si estamos en medio de una revolución tecnológica, y éstas suelen abrir oportunidades para el desarrollo [Pérez, 2004], es fundamental adaptar y asimi-lar los conocimientos (innovaciones radicales) más avanzados generados por los países líderes hasta dominarlos. Desde esta posición, tiene sentido la tesis marxiana de que ―el país industrialmente más avanzado muestra al menos desarrollado la imagen de su propio futuro‖. Pero esto sólo ha sido acertado parcialmente. 2
Gracias a las nuevas condiciones económica asociadas con la globalización y el cambio tecnológico, algunos países tardíos, sobre todo de la región surasiática, han podido conver-ger en la brecha que históricamente ha separado a los países avanzados del resto. Por medio de políticas activas impuestas por el Estado, esta experiencia expresa que el desarrollo no es un fenómeno espontáneo, propio de la ―mano invisible del mercado‖, sino que requiere la aplicación de políticas industriales, comerciales, educativas y tecnológicas bien defini-das. Las oportunidades asociadas a la producción flexible y transnacionalizada han dado lugar a una producción internacional por medio de redes empresariales ligadas a la fabrica-ción de valor a lo largo de encadenamientos que terminan en bienes finales comercializados por firmas específicas, es decir, el proceso de subcontratación como medio para la integra-ción y participación de organizaciones de países tardíos en las cadenas globales de valor hasta ascender como exportadores superiores cuando añaden valor sostenido en conoci-miento y rebasan el plano de la manufactura basada en la mano de obra barata [Gereffi et al., 1994; Gereffi 2001]. El conjunto de países que inicialmente se denominó ―tigres asiáti-cos‖ al que se han sumado recientemente a China e India, ha despertado un interés no sólo académico sino político en la búsqueda por esclarecer las rutas del desarrollo económico, con base en una disposición activa al aprendizaje y la innovación incremental, cuyos resul-tados se plasman en el dinamismo de su crecimiento, acceso a las redes globales y up grade tecnológico. Este grupo de países es el que denominamos tipo ―A‖. El interés que despertó el ―milagro asiático‖, contrasta con el atraso económico prevaleciente en vastas zonas del planeta como el resto de Asia, África y América Latina, grupo de países que grosso modo definiremos como ―B‖.
Desde los 1980s y los 1990s ha estado presente en la literatura económica un contraste franco entre la situación del Sudeste asiático y América Latina sobre el desarrollo y el aprendizaje tecnológico2. Inspirados en esa comparación, en nuestra región se trazaron lí-neas de investigación y algunos programas públicos para seguir los pasos de los países asiá-ticos exitosos y lograr una mejor inserción en la globalización. Parecía que sólo había que seguir lo que allá habían hecho (a su vez, a partir de los casos alemán y japonés): copiar y mejorar los procesos de las nuevas tecnologías. De tal suerte, podría decirse que el objetivo y la estrategia de la industrialización a partir de una modernización tecnológica por medio del aprendizaje están claros. Se sabe el qué y en buena medida el cómo. Pero si hay cierto consenso en las teorías acerca de la centralidad del aprendizaje, el conocimiento y la inno-vación, entonces ¿por qué no hemos logrado crear en nuestra región el núcleo tecnológico endógeno que potencie esas capacidades? El problema parece subyacer en la matriz institu-cional, es decir, en el seno de las reglas del juego, por lo que la pregunta que no se ha re-suelto contundentemente es para qué.
2 Destacan al respecto los trabajos de Amsden [1989, 1996, 2004], y Fajnzylber [1983, 1987, 1989].
Parecería obvio responder que para lograr el desarrollo, incrementar las capacidades tecno-lógicas y dotar de capacidades productivas a la población, para estimular su iniciativa y su inventiva y buscar esa competitividad en los mercados internacionales, para acrecentar la calidad de los bienes y servicios y los niveles de vida, etcétera. Centrándonos en México, el tema es más bien si eso es beneficioso o no a los grupos que concentran el poder político y económico. Se requiere por eso, antes de partir de la idea del Estado desarrollista sostenida por el paradigma de la industrialización tardía [Amsden, 1989], explicar porque no ha sido 3
posible crear una coalición que defina el problema del interés coaligado de la sociedad para superar el atraso. Eso nos hace tratar de cubrir esta omisión en aras de desentrañar las cau-sas anteriores que preservan al Estado depredador. Limitaciones de espacio impiden un tratamiento más amplio aquí, pero es menester identificar qué es lo que impide institucio-nalmente la adopción de políticas desarrollistas.
Avanzar en la ruta de la economía del conocimiento implica un gran avance en la prepara-ción de la población. No sólo se requiere de una capacitación técnica que logre el know how, satisfaciendo el plano operativo, sino la capacidad de implementar ingeniería de re-versa para acometer el know why y desatar las tecnologías para adoptarlas. Eso hace nece-saria una reforma educativa profunda, que a la vez permita una movilidad social ascendente que haga posible la germinación de una clase empresarial funcional y perdurable en los niveles micro, pequeño y medio. Lo anterior va de la mano con una voluntad de mejorar la educación, promover la capacitación laboral, conducirse bajo los contornos del estado de derecho y una modernización en la infraestructura que soporte las exigencias tecnológicas de punta. No pueden desconocerse problemas como las barreras a la entrada en las activi-dades centrales de la cadena de valor, o que incluso pueden generarse, como en varios ca-sos de la misma experiencia asiática, islotes dinámicos en un marco de estancamiento na-cional. Pero las potencialidades no dejan de ser notables.
El nudo que deseamos señalar está entonces en la implementación de políticas de fomento y desarrollo tecnológico que exige de la voluntad política, ya que es el Estado el sujeto social responsable de definir los contornos por los que habrá de transcurrir la vida material de una sociedad, y dentro de las condicionantes históricas prevalecientes, promover la moderniza-ción capitalista. Frente a los intereses antagónicos de las clases sociales, se supone que el Estado se levanta con altura de miras por encima de los mismos para encauzar las políticas que impliquen el mayor bien común. Posturas críticas han insistido en que no es así, sino que el Estado se coaliga con el capital para promover ―desde arriba‖ la modernización, ello explica por qué en la mayoría de los casos se exige un sacrificio mayor a las clases trabaja-doras. Para los marxistas, esto sólo encuentra salvedad en casos excepcionales en los que el Estado debe, o bien constituir, o bien disciplinar al capital, porque de otra forma es inviable un capitalismo nacional. Pareciera ser el caso de las regiones atrasadas, en las que el capita-lismo no se configuró espontáneamente.
Como ejemplo podemos citar el caso sudcoreano, en el que la coordinación entre el capital y el Estado permitió la conformación de competidores internacionales. Si consideramos que los grandes conglomerados empresariales (Chaebol) como Samsung, Daewoo o Hyndai, actúan ahora como polos intensivos en capital y conocimientos, no debemos soslayar el apoyo del Estado que les otorgó condiciones monopólicas temporales del mercado interno y de subsidios, como compensación al costo del aprendizaje. Ello implicó un respaldo condi-cionado del Estado al gran capital, lo que nos regresa a la necesidad de poner condiciones institucionales firmes, para disciplinar al capital y mantener a raya los intereses particulares de la élite empresarial y someterla a la estrategia de alcance nacional, traducido en gasto en investigación y desarrollo tecnológico, capacitación laboral y desempeño exportador, con un impacto favorable para la movilidad social. 4
Caso contrario a México, donde el gran capital se gestó al amparo de las políticas sustituti-vas, lo que conformó un maridaje entre el Estado y el gran capital. El Estado mexicano no ha afirmado su fuerza sobre el empresariado ni promovido una mejor distribución del in-greso, contrariamente, por acuerdos informales consiente la concentración de la riqueza, con lo que cede autonomía ante los grandes grupos empresariales, que actúan como grupos de interés y condicionan su respaldo al propio Estado por medio de negociaciones de la política económica, privatizaciones y concesiones. La concentración de la riqueza se tradu-ce en limitaciones de acceso a la educación y a su influencia sobre los mecanismos del po-der; con lo que el rezago se transmite intergeneracionalmente, frenando las capacidades productivas de las mayorías [Rivera, 2009].
Ello afianza otros mecanismos de exclusión, es el caso de la repartición del mercado mexi-cano, en el que el espacio interno se reserva para las grandes corporaciones nacionales que operan en las ramas industriales tradicionales de escasa innovación, y se cede el terreno tecnológicamente avanzado a las grandes transnacionales asentadas en México. Por un la-do, Telmex, Cemex, Bimbo, FEMSA, Alfa, Gruma, Vitro, Grupo Modelo, Televisa o TV Azteca, funcionan como empresas dominantes en un mercado que históricamente les permi-te obtener rentas de monopolio, y por el otro están las grandes transnacionales, que son las que participan en las cadenas globales de valor tecnológico, pero sin una incorporación de proveedores nacionales, lo que limita los encadenamientos endógenos; estas empresas ope-ran atraídas por la mano de obra barata y las ventajas de exportación en el marco del TLCAN; lo mismo ocurre en el caso de la maquila, que recurre a la importación de un altí-simo porcentaje de insumos, pero también explota las ventajas regionales y salariales de México, a cambio de ofrecer empleos mal remunerados y sin potencialidades de aprendiza-je. Frente a tal reparto, los empresarios en México empantanan el progreso, se convierten en fuerzas retardatarias que hacen prevalecer el atraso porque les resulta rentable en el corto plazo y están desinteresados en innovar. En el país se inhibe la creatividad y las nuevas ideas, porque se teme a la disidencia su potencial impacto subversivo en la sociedad.
Históricamente ha sido clara la cercanía entre el poder político y el económico. En las dé-cadas postreras a la Revolución, el régimen político priísta se constituyó como un sistema funcional en el que el Estado imponía orden consensado con el gran capital, y este se bene-ficiaba de las prerrogativas públicas en aras de la industrialización nacional. Ese orden se fracturó por la crisis del modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones y la erosión de la legitimidad política del propio régimen a partir de los 1970s; a lo que le siguió la reorganización neoliberal de la economía que otorgó mayores espacios de rentabilidad a los actores privados sin la necesidad de depender de la intervención estatal, hasta llegar a integrar explícitamente (en una intrincada relación económico-política) ―el gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios‖.
Debemos reconocer que la intervención del capital en las decisiones estatales no es algo exclusivo de México ni sólo de los países tardíos; en todo el mundo se practica el cabildeo (lobbying) y los grupos de interés especial obtienen beneficios [Olson, 1992]; pero aun así, algunas economías son capaces de mediar entre los intereses particulares con miras al desa-rrollo nacional. Cuando en los países con instituciones bien asentadas se descubre el cohe-cho, las sanciones son ejemplares. Si esto ocurre en los países avanzados, la pregunta es por qué no lo han hecho los gobiernos en México, y más aun, qué ha faltado para concretar la 5
preocupación por convertirse en una economía dinámica. Una posible respuesta es la falta de estímulos.
Siguiendo la argumentación planteada por North [1993] y Hoff y Stiglitz [2002], es atendi-ble el tema del cambio institucional centrando el interés primeramente en las fallas guber-namentales y luego los fallos de mercado. Así, lo que estos autores llaman fallos de coordi-nación, derivan de equilibrios disfuncionales sobre bases institucionales que generan círcu-los viciosos, con el predominio de instituciones inferiores (las que preservan el atraso) so-bre las superiores (que promueven el aprendizaje) [Rivera, 2009]. Cuando la falta de opor-tunidades, la mala distribución del ingreso o el lucro político con la ignorancia de la pobla-ción, permiten a las élites dirigentes servirse de los recursos, el atraso ―se institucionaliza‖.
Pero sería equivocado soslayar la considerable influencia de la historia. Cuando la trayecto-ria del atraso ha sido aprendida y legitimada socialmente (path dependence), afecta los mo-delos institucionales que definen las actitudes o disposiciones sociales, con su reflejo ulte-rior sobre la educación, y finalmente sobre la tecnología, el conocimiento y el comporta-miento organizacional. Tal y como ocurre con las trayectorias innovadoras del progreso que generan dinámicas virtuosas y estimulan sistemáticamente el comportamiento innovador, la legalidad y la justicia; ocurre el caso contrario en las que prevalece la trayectoria del atraso, con su reflejo perverso cuando delinea una matriz institucional que es funcional dentro del atraso mismo y lo prolonga. De tal manera, en este segundo caso, se establecen ―camisas de fuerza‖ que constriñen el comportamiento innovador de los agentes. Lo anterior no siempre es fruto de un Estado demasiado opresivo, ya que como advierten Hoff y Stiglitz, ―frecuen-temente, el problema es un Estado demasiado débil‖ [2002: 399], debilidad que se traduce en complacencias a grupos de interés y el freno al capital social opuesto a esa trayectoria.
Es así que el problema de incentivos y rentas adquiere sentido; ya que si no existen los in-centivos claros al cambio institucional, aquellos agentes que se benefician de las rentas en el marco del atraso no renunciarán a ellas, lo que perpetua conductas contrarias a la innova-ción; así lo demuestra la experiencia latinoamericana en el contexto de la industrialización por sustitución de importaciones, que avanzó en su etapa simple, pero se limitó a la obten-ción de ganancias fáciles por la complacencia del Estado a grandes empresas monopólicas que frenaron la adopción de la etapa compleja [Hirschman, 1996].
El comportamiento rentista prevalecerá ante el innovador si no se rompen las condicionan-tes institucionales que lo permiten. Eso revela la importancia que tiene una matriz institu-cional en la explicación de la continuidad o el cambio social. Las instituciones son ―las re-glas del juego‖ social. Buscan primeramente, evitar el conflicto desintegrador en el sentido que da Jonh Elster cuando se refiere al ―cemento de la sociedad‖; y luego buscan la funcio-nalidad del cuerpo social, para lo cual las instituciones son el marco en el que se proyectan los fines que esa sociedad busca alcanzar. Los incentivos y sanciones son, pues, parte del tejido institucional que estimula o inhibe el comportamiento de los sujetos sociales.
Si bien las instituciones en su plano formal son construcciones humanas administradas por el Estado y realizadas por el resto de los actores sociales, su plasmación no necesariamente responde al criterio estatal; ya que tanto las leyes mismas son pilares de la edificación so-cial, como las instituciones informales moldeadas en criterios, normas y costumbres que cohesionan en un sentido común a esos actores, definiendo medios y fines legítimos para la 6
sociedad. En ellas se configuran los estímulos, valores, intereses, pasiones, hábitos menta-les y demás expresiones que crean un marco de sentido compartido. Con frecuencia, las instituciones informales son más duraderas que las formales [North, 1993] ya que atienden lo primario de la cultura, conectando al pasado con el presente y proyectando el futuro.
Dentro de esto es imprescindible reconocer el incentivo material o económico en las insti-tuciones primarias, o sea, las que estructuran la formación social. La vida material es un principio elemental que condiciona el acceso de los agentes a la riqueza social y los medios para reproducirla, el Estado define los derechos de propiedad que habilitan y restringen el campo de acción económica de los agentes. De tal manera, la matriz institucional puede potenciar o frenar el desarrollo, por eso es tan determinante el papel del Estado en la ges-tión de los capitalismos nacionales.
Esto nos conduce a problemas como: ¿qué define la direccionalidad de un Estado hacia el desarrollo o la preservación del atraso? El modelo conductual de países desarrollados en los que el poder público resuelve ciertos problemas, no puede proyectarse linealmente al medio de países atrasados. Finalmente, ¿por qué habría de romperse una matriz que aun basada en el atraso, es funcional para los grupos que detentan el poder? Sería un error suponer que estas condiciones habrían de cambiar de forma espontánea, ya que ni el Estado ni el gran capital, y ni la misma clase trabajadora, son agentes neutros; desde su posición tienen in-tereses y también pasiones, que tienden a resguardar. Sin incentivos suficientes para rom-per el rentismo o el lucro político del atraso, los agentes no actuarán hacia el aprendizaje ni la innovación, preservando así la ―trampa del atraso‖. Dentro de una matriz institucional que a pesar de todos los problemas asociados con el atraso, resulta funcional para los gru-pos que controlan el poder, sólo un gran choque podría sacudir dicha matriz. El problema es, pues, determinar las causas de esos choques que potencialmente permitan una sacudida de tal magnitud que desmorone el entrampamiento institucional.
Rivera [2008 y 2009] sostiene que son choques internos y externos los que hacen que el Estado retraiga su tendencia depredadora y considere ―intervenciones estatales profundas‖ [Hoff y Stiglitz, 2002]; estos choques representan una amenaza al poder o un riesgo a la sobrevivencia nacional. Esto impondría una tensión necesaria (fuerzas de primer orden) que obligara a romper las condiciones del atraso y diera lugar al Estado desarrollista (fuerzas de segundo orden). Los choques internos pueden ser desde crisis económicas profundas, mo-vimientos sociales organizados, corrientes políticas democratizadoras con respaldo popular, y todo conflicto que implique la necesidad de un cambio estructural. Los choques externos pueden ser peligros desde el exterior que figuren ataques a la soberanía, como intervencio-nes políticas o militares, o el propio reordenamiento geopolítico y económico del mundo que amenace a un país con estancarse en el atraso. El punto es cómo romper el conservadu-rismo en el que por razones idiosincráticas, históricas, culturales, educativas e ideológicas, derivadas del atraso, se preserva una matriz institucional adversa.
Ante una realidad que exhibe las limitaciones nacionales para enfrentar los retos de una nueva economía globalizada basada en el conocimiento y la innovación, que demanda una mayor competitividad sostenida en mayor productividad de los factores, es necesario dar cuenta de las causas por las que no se ha logrado una modernización tecnológica que posi-cione al país en la ruta para encarar esos retos. 7
En el caso de la modernización tecnológica es patente el rezago institucional que hay en México para beneficiarse de las posibilidades históricas que la nueva economía abre. Ya que el país ha sido proyectado como un espacio rentable por su mano de obra barata como principal atractivo para las inversiones foráneas, limita el aprendizaje tecnológico endó-geno. Algunas ventajas del país como su cercanía y el tratado de libre comercio con el ma-yor mercado del mundo, lo dispone como plataforma de exportación, razón por la cual en México se han asentado diversas empresas extranjeras. Ello sería potencialmente muy im-portante si se tradujera en transferencia de tecnología y encadenamientos productivos, que derivaran en aprendizaje tecnológico y upgrading en las cadenas de valor endógenas y exó-genas. Pero no ha sido así, ya que más bien ha ocurrido una delimitación del mercado, im-plicando la concentración de las actividades industriales tradicionales de escasa innovación (cemento, alimentos y bebidas, vidrio, telecomunicaciones) en las grandes empresas mono-pólicas nacionales; mientras que las grandes transnacionales son las que más invierten en las ramas dinámicas (automotriz, cómputo) pero con un alto componente de insumos im-portados, dejando en un aislamiento a las medianas, pequeñas y micro empresas, que en México representan al 99.4% del conjunto empresarial y demandan el 72% del empleo; advirtiendo que sólo el 2.4% del total de empresas nacionales exportan3, y primordialmente lo hacen las grandes organizaciones.
3 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/Est_ExpImp_xEdo.asp
4 http://sitesources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Statiscal-Annex.pdf
Cuadro 1: Las 10 principales empresas exportadoras en México Lugar | Empresa | País | Sector |
1 | Petróleos Mexicanos | México | Petróleo |
2 | General Motors de México | Estados Unidos | Automotriz |
3 | Nissan Mexicana | Japón | Automotriz |
4 | Chrysler de México | Estados Unidos | Automotriz |
5 | Volkswagen de México | Alemania | Automotriz |
6 | Ford Motor Company | Estados Unidos | Automotriz |
7 | Coca-Cola FEMSA | México | Bebidas |
8 | Grupo México | México | Minería |
9 | Industrias Peñoles | México | Minería |
10 | Mabe | México | Electrodomésticos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario